ESCRITO AMICUS CURIAE

En el caso SG/JDC/3/2019

Entre

Lic. Matilde Terrazas Sauceda

Y

Consejo General Electoral del Estado de Baja California

Amici

Coordina: Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C.

Participa: Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales A.C.

Participa: Féminas

Participa: Co-Diver A.C.

Participa: Centro de la Conducta S.C.

TABLA DE CONTENIDOS

  1. RESUMEN DE LOS ARGUMENTOS Y CONTENIDOS
  2. ANTECEDENTES FILOSÓFICOS DE LA DEMOCRACIA PARITARIA por Nancy Bonilla Luna de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C.
  3. DOCTRINA RESPECTO A LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
  4. SISTEMA MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS
  5. EL DERECHO MEXICANO: PARIDAD, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
  6. EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: PARIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES
  7. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN BAJA CALIFORNIA por la Asociación de Mediadores Bilingües Multiculturales A.C. coordinado por Cristina Solano.
  8. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES MIGRANTES por Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C. por Meritxell Calderón Vargas
  9. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA POBLACIÓN LGTB por la Asociación CoDiversa A.C. de Ensenada por Claudia López Sanz
  10. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES ADULTAS MAYORES por la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C. – Sukheys Vázquez Ortiz
  11. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES JÓVENES por Féminas- Melissa Soto Osuna
  12.  PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES CON ADICCIONES- Centro de la Conducta S.C. por la Dra. Psyché Calderón Vargas
  13. CONCLUSIÓN
  1. RESUMEN DE LOS ARGUMENTOS Y CONTENIDOS

En el presente documento tiene el objetivo de presentar argumentos que den elementos para que el TEJF resuelva a favor de la Lic. Matilde Terrazas Sauceda quien solicitó la protección del Tribunal mediante un Juicio de Protección a los Derechos Políticos- Electorales del Ciudadano, en este caso la ciudadana militante del PRI quien presenta ante las magistraturas de la Sala Guadalajara este recurso de impugnación contra el Acuerdo y los Lineamientos debido a que vulneran el principio de paridad, los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación lo cual tiene como resultado un obstáculo para el desarrollo regional y para las mujeres y niñas durante doce años.

Se presentan argumentos desde un enfoque filosófico doctrinal donde se hace explícita la deuda histórica que la democracia tiene para las mujeres y la reparación del daño a estas violaciones sistemáticas a nuestros derechos civiles que consisten en acciones a favor de nuestros derechos como la obligación que tienen los partidos de dedicar el 3 por ciento de su presupuesto a los liderazgos de las mujeres.

Demostramos que persiste una cultura discriminatoria contra las mujeres que permea de estereotipos contra nosotras que nos ponen en desventaja por lo cual la paridad es un principio constitucional del cual no se debe soslayar su defensa ante las instancias necesarias para abrir espacios a las mujeres dentro de los lugares de elección popular para que estén en la posibilidad de participar en la toma de decisiones y promover políticas públicas a favor de nuestros derechos y liderazgos.

En el capítulo donde presentamos la Doctrina respecto a los derechos a la igualdad y a la prohibición de la discriminación enfocada hacia los Derechos de las Mujeres en un principio presenta argumentos desde la Teoría de los Derechos Humanos donde juristas de la modernidad y algunos clásicos hablan de la importancia de que la igualdad no sólo se vea reflejada en los textos normativos sino en la vida cotidiana. Desde estas argumentaciones fortalecemos lo expuesto en los agravios por la Lic. Matilde Terrazas en cuanto al grave perjuicio que se causaría a la población bajacaliforniana al detener el avance de los principios de igualdad y de paridad al privilegiar la reelección sobre la paridad. Además, desde un aspecto filosófico presentamos cómo es que es parte de la lógica democrática dar cabida a la apertura de espacios a los sectores discriminados ya que persistir en guardar los espacios en el poder únicamente para un sector de la población osifica las prácticas discriminatorias y fortalece la exclusión, mismas que también son un obstáculo para la armonía social y la convivencia democrática. Exponemos también como es que desde las experiencias internacionales no hay razón ni sentido lógico en cuanto a oponerse a la paridad ya que los países más desarrollados cuentan con parlamentos paritarios que no solo se han abierto a las mujeres si no a otros sectores vulnerados de la población mundial.

En el capítulo donde presentamos argumentos legales desde las normas locales e internacionales comprobamos cómo es que la fuerza de la ley está a favor del reclamo social y legítimamente jurídico que hace la ciudadana priista y que no hay forma, dentro del marco de la ley, de soslayar su petición ante este Tribunal.

Varias organizaciones bajacalifornianas realizamos capítulos por sector vulnerado de las mujeres donde alegamos la imperante necesidad de incorporar a los grupos de mujeres más vulneradas a la vida política activa de las ciudades para asegurar la Gobernanza y una democracia paritaria e incluyente.

  1. ANTECEDENTES FILOSÓFICOS DE LA DEMOCRACIA PARITARIA

La historia política de la democracia nos ha mostrado que su establecimiento no garantiza su estabilidad y permanencia y que ésta llega a caer si las condiciones políticas y culturales de la sociedad no la favorecen. De ahí que esta reflexión sobre nuestra cultura ético-política sea relevante para la construcción de las condiciones necesarias para convertirnos en sociedades protectoras de derechos. La democracia está en boga sin embargo pocas personas logran significarla. Desdibujando su amplio alcance de participación y usándole desde los atavismos sin considerar las transformaciones sociales que miles de años después consideran la existencia de democracias actuales. Por ejemplo, aquella democracia donde el Principio de Paridad es sustancial, como el caso de Canadá. El mencionado principio, si bien inicia reflexionado en la participación igualitaria entre hombres y mujeres en la toma de decisiones, también lo hace pensando en equilibrar el ejercicio del poder y en la representatividad de las diversas voces a favor de la progresividad de los derechos de las personas quienes habitamos bajo un contrato social adaptado a las nuevas formas de organización entre pares, sin embargo, busca lograr cambios culturales sustanciales. Promueve la convivencia democrática.  

En el derecho positivado las mujeres tuvimos periodos de mucha obscuridad, provocando desconocimiento por motivaciones inmorales basadas en la cuestionable ética de unos cuantos. Lo anterior con la intención de restarnos agencia, rezagando nuestra ciudadanía durante siglos enteros. Los problemas culturales que vivimos las mujeres en México son una pena para la historia, poniendo en claro la imperante necesidad de reparar el daño y lograr cambios sociales que faciliten la experiencia de vivir la Igualdad, la Justicia y la Libertad. Para sumarnos al diálogo es vital hablar y ser escuchadas. La escucha activa requiere participar, conocer las necesidades de quienes vivimos los cambios en las políticas públicas, queremos decir en conceptos entendibles cuales son las necesidades del día a día. 

La administración pública es más que tan solo poder, es un trabajo al cual como ciudadanas aspiramos. El Estado como figura de administración pública tiene la obligación de reparar el daño causado a quienes nos precedieron realizando las acciones necesarias para garantizar jamás volverá a suceder. Una de estas acciones es abrir el camino a las mujeres conocedoras de las necesidades de otras mujeres pues muy a pesar de las trabas puestas hemos logrado abrirnos espacios en escuelas y espacios de poder abriéndolos -en la mayoría de los casos- para otras mujeres.

Lo anterior además de continuar con los esfuerzos de las mujeres en la historia nos lleva hacia la teoría democrática, con la cual podamos construir culturas políticas cívicas respetuosas de los derechos y libertades, de igual forma democratizar a las instituciones y constituciones que les den vigencia al mismo tiempo que lo garantizan. Cambiando con eso la organización social lograremos ser un Estado nación donde exista la Buena Gobernanza. Ignorar la participación de las mujeres genera vulnerabilidad, ésta por su parte advierte eventos violentos prolongando las condiciones para ser vulnerables. Dicho malestar social repercute en todas las personas, sin distinción alguna. Por lo tanto, la norma debe cambiar como medida de protección a uno de los derechos ganados a lo largo de la historia. Desde la incidencia generada por las sufragistas las mujeres hemos dado pasos gigantescos revirtiendo siglos de opresión, sin embargo, ni un minuto más es éticamente permitido, menos si comparamos más de 2 mil años de opresión con apenas 70 años siendo ciudadanas, en algunas partes del mundo.

La administración pública debe ser sostenible y resulta insostenible la falta de oportunidades para lograr participar en estos espacios y los obstáculos para acceder a las pocas existentes persisten en los grupos disidentes de compartir y observar la pluralidad en el ejercicio del poder desde la Buena Gobernanza Paritaria.

  1. DOCTRINA RESPECTO A LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN

Principio de Paridad

Tiene como finalidad la Igualdad sustantiva entre las personas y forma parte de los compromisos internacionales que ha adquirido México, busca garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía ejerciéndolos en condiciones de Igualdad. Este principio es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública, protege tanto la igualdad de la postulación de mujeres a candidaturas, como el acceso a cargos públicos, propiciando que los cargos de elección popular se integren por un número paritario de hombres y mujeres. Es un criterio estipulado en la Ley para asegurar la participación igualitaria en la definición de candidaturas. Se prevé en la Constitución que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la integración y postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la página de la Secretaría de Gobernación del Estado mexicano. La paridad de género en el ámbito político busca equiparar la participación de las mujeres en los parlamentos a través de los partidos políticos por ello como defensoras de derechos humanos ver a algunos partidos políticos en la sesión del Consejo General Electoral del Estado de Baja California alegando que los derechos de las mujeres y la paridad discriminan a los hombres nos deja un mal sabor de boca y nos hace ver la necesidad de acudir a este Tribunal a solicitar se nos dote de justicia ya que en Baja California nunca ha existido la paridad en espacios de elección popular y no queremos que esta violación sistemática a nuestros derechos persista.

La paridad es obligatoria en sus dos dimensiones: la vertical y la horizontal, a su vez refiere el interés legítimo de las mujeres o de los integrantes de grupos vulnerables para impugnar las determinaciones que vulneren sus derechos constitucionales. La mejor forma de garantizar los derechos de las mujeres y de los grupos en situación de vulnerabilidad es el reconocimiento expreso en el marco normativo de sus derechos y el modo de materializarlos es por ello que incluimos capítulos específicos donde las mujeres de grupos vulnerados en Baja California manifestamos nuestro sentir y nuestras argumentaciones para aportar la fuerza de la voz a las ciudadanas y las mujeres en política que se han puesto el objetivo de no dar ni un paso atrás en la paridad entre mujeres y hombres.

Experiencias internacionales

El caso de Argentina en 2017 demostró que tener voz y voto femenino en los espacios de decisión ha contribuido al desarrollo legislativo de los últimos años, avanzando en el combate de las injusticias a las que las mujeres estamos expuestas, especialmente en contextos de crisis financiera y económica. En 1991, Argentina fue el primer país en implementar la ley de Cupo Femenino. Como consecuencia, se han incorporado en la agenda pública y política demandas largamente invisibilizadas por las agendas de desarrollo económico dominadas por los varones. Es decir, las leyes sobre salud sexual y reproductiva, violencia, parto humanizado, lactancia, acoso sexual, entre otras aún pendientes por volver a debatir como reformas a las licencias por maternidad y paternidad.

El Foro Económico Mundial expone que la igualdad de género no se produce por sí sola. Es necesario que exista una acción colectiva los defensores de los derechos humanos de las mujeres, voluntad política y herramientas como la legislación, presupuesto y los cupos femeninos. Ponemos de ejemplo a Islandia, quien lleva 9 años como líder en Índice Global de Brecha de Género. Progresivamente, los «asuntos de la mujer» empezaron a incorporarse en las agendas políticas de otros partidos y las figuras femeninas de dichos partidos empezaron a desarrollar papeles más importantes. Así, nosotras como defensoras de derechos humanos nos organizamos para presentar este documento y generaremos acciones de tipo político y social para movilizar a más mujeres en el Estado de Baja California para impedir la legitimación ilegal del machismo y la misoginia.

Según el Informe de Brecha de Género del Foro Económico Mundial de 2017, después de Islandia, los países que ocupan los mejores lugares en cuestiones de igualdad son Noruega, Finlandia, Ruanda, Suecia y Nicaragua.      

Ruanda es el país africano con menor desigualdad de género, al menos en lo que se refiere a participación política. El Parlamento lo integran en su mayoría, mujeres de todo el país. Los hombres apenas alcanzan a ocupar el 37% de escaños. En el año 2003, cuando se creó una nueva constitución, se dejó en claro que el gobierno y la sociedad debían garantizar la plena libertad de las mujeres. En este sentido, se estableció una norma constitucional por la cual el 30% de las decisiones políticas del país debían ser aprobadas por mujeres. Por si fuera poco, en todo el país se inició una campaña educativa para empoderar a la mujer con la finalidad de hacerle saber que su rol es importante en una democracia.

Por último, Nueva Zelanda reconoce que abordar la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la Agenda 2030 es esencial para alcanzar otros objetivos, y ha incorporado la cuestión del género en su programa internacional de asistencia al desarrollo. México ha firmado la Agenda 2030 pero en algunas Entidades Federativas, como Baja California las normas locales no son homogéneas a esta nueva realidad legal mundial de los países que se consideran democráticos.

  1. SISTEMA MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS

En Baja California los derechos de las mujeres y las niñas han dado pasos lentos pero contundentes, frenar este camino con 12 años sin cumplir el principio de paridad tendría graves resultados para el desarrollo de la región, no sólo del Estado de Baja California si no también del vecino del otro lado: California. Alargando la brecha de desigualdad en esta región intercultural donde muchas mujeres vamos y venimos entre California y Baja California y tenemos un sentido crítico más claro en cuanto la democracia que se puede vivir en Estados Unidos gracias a la paridad y a la democracia que no estamos viviendo en nuestro país de origen.

En materia electoral los derechos de las mujeres al acceso a la justicia mediante la participación social desde los grupos vulnerados sólo se reconocen por el hecho de ser mujeres y no es un motor de la inclusión hasta el momento, no se generan presupuestos públicos para capacitar a las personas líderes de grupos vulnerados y esto no invita a la práctica de la ciudadanía activa. Es importante fomentar la práctica de la gobernanza y las acciones afirmativas necesarias para la democracia, mucho más en Estados como el nuestro donde el abstencionismo es el que gana las elecciones desde hace varios años.

  1. EL DERECHO MEXICANO: PARIDAD, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Es urgente la armonización legislativa desde la paridad no sólo entre mujeres y hombres si no tomando en cuenta a los sectores más vulnerables de la población. Si bien la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación presentó argumentos fundamentados y contundentes para buscar la garantía entre mujeres y hombres, algunos partidos políticos como el PRD alegaban durante la sesión del Consejo General Electoral de Baja California que acatar estas normas jurídicas “discrimina a los hombres”, vemos como la falta de capacidad de análisis desde un enfoque de derechos humanos de los partidos políticos repercute en la vida de las mujeres y es un obstáculo para el desarrollo de la región, por lo que preocupa que, por ejemplo, el partido Movimiento Ciudadano exponga en una impugnación local que el derecho a la paridad de las mujeres es óbice para el desarrollo democrático de la región y genera falta de inclusión a otros grupos sociales como migrantes, personas de pueblos originarios y pueblos indígenas, siendo que es precisamente la paridad entre mujeres y hombres la que ha abierto brecha para que otros sectores vulnerados de la población se incorporen a la vida democrática del país. Además, los lineamientos que generaron el acto de autoridad que vulnera el derecho a la paridad de género son exclusivamente para tratar el tema de la paridad entre mujeres y hombres. Entendemos que la misma Comisión debió emitir lineamientos para atender la paridad específicamente de otros grupos vulnerados y no en el mismo texto.

La ley local en Baja California contempla muy someramente el principio de paridad y buscar la garantía de las condiciones de igualdad entre los géneros, la Ley de Partidos Políticos local señala:

Artículo 4.- Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputados y en planillas de candidatos a munícipes en cada Ayuntamiento, tanto propietarios como suplentes. Estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, asegurando condiciones de igualdad entre géneros de conformidad con lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de Baja California.

Artículo 23.- Son obligaciones de los partidos políticos, además de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General, las siguientes:

I.    Cumplir con sus normas de afiliación, mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos de dirección estatutarios y observar los procedimientos que señalen sus Estatutos para la postulación de candidatos;

II.   Observar lo establecido en su declaración de principios, programa de acción y estatutos;

III.   Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a diputados y en planillas de candidatos a munícipes en cada Ayuntamiento, tanto propietarios como suplentes.

IV.  Registrar a sus precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, ante los órganos electorales competentes en los términos de la Ley electoral respectiva;

V.   Formar parte del Consejo General y de los Consejos Distritales Electorales del Instituto Estatal;

VI.  Acatar las resoluciones que los órganos electorales dicten en el ejercicio de sus funciones;

VII. Retirar, en el plazo que determinen las leyes electorales respectivas, la propaganda electoral que hubieran fijado, pintado o instalado en lugares de uso común, y

VIII. Sujetarse a lo que dispone la Ley Electoral de Baja California, respecto a la designación de candidatos y precandidatos en el proceso de elección consecutiva.

IX.  Las demás que establezcan la Constitución y las leyes.

Artículo 24.- Queda prohibido a los partidos políticos:

I.    Realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;

II.   Recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el ejercicio del derecho de terceros o impedir el funcionamiento regular de las instituciones y órganos públicos;

III.   Actuar y conducirse con dependencia o subordinación hacia partidos políticos, personas morales nacionales, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de cualquier culto religioso;

IV.  Emitir cualquier expresión pública, impresa o por cualquier otro medio que denigre a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos o que calumnie a las personas;

V.   Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados otros partidos;

VI.  Utilizar símbolos, signos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

VII. Hacer actos de proselitismo o cualquier actividad partidista en lugares o eventos destinados a cultos religiosos, y

VIII. Las demás que establezcan las leyes.

La igualdad entre las personas no puede ser aparente, debe trascender a una igualdad sustantiva. Al respecto, es necesario sensibilizar a los órganos jurisdiccionales. En 1997 la Corte IDH resolvió el caso Loayza Tamayo v. Perú, este puede ser considerado el primer asunto en el cual se retoma la perspectiva de género en su función jurisdiccional. Posteriormente han ido en aumento los casos en donde la Corte se ha pronunciado tanto sobre la violencia de género, como sobre el obstáculo que los estereotipos representan para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Por lo expuesto, es clave para la democracia considerar en los tribunales y en la vida cotidiana: la violencia contra las mujeres ha sido y es un obstáculo para vencer y lograr la participación democrática de las personas, en específico de las mujeres. No es por nada que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia trajo a México el concepto de “Violencia Política” del cual se desprende un Protocolo de reciente creación que tiene el objetivo de atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Es obligación de los partidos políticos contar con su propio protocolo de actuación para buscar erradicar la violencia política contra las mujeres y abrir los espacios de toma de decisión a las mujeres mexicanas de todos los sectores.

Baja California es uno de los pocos Estados que ha retomado en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el concepto de Violencia Política y recientemente se creó con el Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, que es un fondo federal, un Observatorio donde se revisa de manera particular la Violencia Política contra las mujeres, sus avances y retrocesos en la región. Este observatorio fue impulsado por la actual directora del Instituto de la Mujer de Baja California, la exdiputada Mónica Bedoya quien tiene un interés particular en impulsar a las mujeres líderes bajacalifornianas.

Consideramos prudente mencionar la siguiente Jurisprudencia que puede apoyar la decisión del respetable Tribunal a favor de la paridad entre mujeres y hombres y la democracia paritaria:

Delfina Gómez Álvarez

vs.

Tribunal Electoral del Estado de México

Jurisprudencia 21/2018

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género.

  • EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: PARIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES

En seguida enlistamos una serie de tratados internacionales que sabemos forman parte de las normas a considerar para que este Tribual resuelva en favor de la paridad entre mujeres y hombres, nuestro derecho a la prohibición de la discriminación y encaminados hacia la democracia y el desarrollo sostenible:

  • PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Artículo 2 {1,2, 3 [ a), b), c)]}

Artículo 3

Artículo 25 [a), b), c)]

  • Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer (Suscrita en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, Marzo 30 – Mayo 2, 1948)  
  • PLATAFORMA DE ACCIÓN DE PEKÍN
  • CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER

Artículo 7 {a), b), c),}

  • CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCION DE BELEM DO PARA”

 Artículo 3

Artículo 5

  • CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER

Artículo 2

Artículo 3

  • PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN BAJA CALIFORNIA por la Asociación de Mediadores Bilingües Multiculturales A.C. coordinado por Cristina Solano.

De acuerdo con el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), México es una nación que “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”.   La CPEUM reconoce la existencia de sistemas normativos internos, aunque también los llama “usos y costumbres”, los cuales resultan necesarios para definir la organización política, económica, jurídica, social y cultural interna, pero también para la resolución de sus conflictos internos y para la elección de sus propias autoridades como quedó de manifiesto en el caso Cherán. El Convenio 169 de la OIT también reconoce la existencia del derecho consuetudinario de los pueblos. Aunque hay un uso indistinto de estos conceptos (sistemas normativos internos, usos y costumbres y derecho consuetudinario), en términos generales hacen referencia a lo mismo, es decir, a la posibilidad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas de crear “derecho” y que éste sea reconocido y respetado por las instituciones públicas, siempre y cuando se ejerza respetando los principios generales de la CPEUM y los derechos humanos (la propia Constitución hace énfasis especial en el respeto de los derechos de las mujeres).

El reconocimiento pleno de los derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos indígenas sigue siendo un tema vigente en el ámbito nacional, y desde el ámbito local en el Estado de Baja California pocos avances se han tenido en la materia de los derechos de los pueblos indígenas, recientemente en 2015 se obtuvo la última reforma local para que el gobierno estatal y los gobiernos municipales implementaran la creación de las instancias de atención a la población indígena. De acuerdo con datos del INEGI 2010, en Baja California residen alrededor de sesenta mil indígenas, sin embargo, de acuerdo a las organizaciones indígenas la población actual asciende a más de cien mil personas principalmente en los municipios de Ensenada, Tijuana, Tecate, Rosarito y Mexicali en ese orden.

La ley local en materia de Derechos Indígenas no permite las condiciones para la plena participación de los pueblos indígenas, particularmente a las mujeres indígenas, el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado (TJEBC) determinó por unanimidad de votos, ordenar que el Congreso del Estado de Baja California, deberá realizar las modificaciones correspondientes a la normatividad estatal, con el fin de armonizarla con lo previsto en el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de derechos político-electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas. El día 21 de diciembre, al resolver el recurso RI-30/2018 de la ponencia del Magistrado, Jaime Vargas Flores, el recurrente en dicho recurso manifestó la existencia de omisión legislativa y constitucional por parte del Congreso del Estado, de realizar las reformas en base al mencionado Artículo constitucional; el cual establece, la garantía del derecho fundamental de votar y ser votado de hombres y mujeres indígenas en condiciones de igualdad sustantiva, tanto para elegir a sus autoridades, como acceder y desempeñar los cargos públicos para los que hayan sido electos . Al respecto, la Magistrada y Magistrados integrantes del Pleno, consideraron fundados los señalamientos del demandante, puesto que de la obligación impuesta en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de mayo de 2015, por el que se reformó el Artículo en cuestión, y en el que se ordenó adecuar las Constituciones locales y la Legislación correspondiente en un plazo no mayor a 180 días, a partir de la entrada en vigor del referido decreto, resultó evidente que hasta la fecha el Congreso del Estado no ha realizado la adecuación ordenada. Por lo anterior, se ordenó al Congreso del Estado de Baja California, que en uso de su libre facultad de configuración legal, y que al menos noventa días antes del inicio del siguiente proceso electoral local, realice las adecuaciones correspondientes a la Constitución y Legislación local, por cuanto hace a garantizar los derechos político electorales de las y los integrantes de Comunidades Indígenas en términos del Artículo 2º de la CPEUM, de manera que las mujeres indígenas enfrentan hasta triple obstáculo y discriminación para participar y ejercer sus derechos políticos electorales en el actual Proceso Electoral 2018-2019 en el Estado de Baja California; por lo que las mujeres indígenas nos sumamos a las iniciativas de las compañeras de todos los partidos políticos que se han sumado y nos han convocado para ser partícipes en el proceso y lucha por la Paridad de Género. La misma situación enfrentamos las mujeres, particularmente las mujeres indígenas: las leyes no nos favorecen y tenemos que recurrir a recursos ante los tribunales para garantizar la vigencia de nuestros derechos y hacer efectivos nuestros espacios de participación y representación en los cargos de elección popular y en todos los niveles de gobierno.

INFORME SOMBRA CEDAW

Eje: Participación Política de las Mujeres Indígenas

Después del reconocimiento legal que se hiciera a los pueblos indígenas en 2001 que se reflejó en la reforma al artículo segundo constitucional, han tenido que pasar 17 años para que por fin la autoridad electoral reconozca y haga valer el derecho a la participación y representación política de los pueblos indígenas. Así el año pasado, la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), modificó el acuerdo INE/CG508/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aclarando que los lineamientos emitidos en cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales que tiene el Estado mexicano para garantizar la igualdad y equidad.

Así el Tribunal resolvió por medio del principio de la implementación de acción afirmativa (o de integración) de la participación política, aunque aún en la eficacia la medida no resulta el más adecuado para cumplir plenamente su finalidad, pues permite la existencia de escenarios de participación indígena y no indígena, en un mismo distrito, lo cual podría limitar la efectividad de las acciones afirmativas. Buscando con ello garantizar que los partidos políticos postulen únicamente candidatas y candidatos indígenas en 13 distritos en los que existe una alta cantidad de población indígena, más del 40% acorde a los indicadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), asegurando a su vez, que las personas indígenas postuladas sean electas por sus comunidades y pueblos, además de variar en el género.

La vulneración a los derechos políticos de las mujeres, que en reiteradas ocasiones se ha expresado como derecho llave, desencadena la vulneración de otros derechos como el derecho al voto, a la participación, al acceso a oportunidades, a servicios básicos de salud y educación, del acceso a la justicia. Acorde al balance que hacen las mujeres indígenas, la no presencia de ellas en primera voz y persona en espacios de toma de decisiones, pocas veces reflejará la necesidad real de las mujeres indígenas y existirá una ausencia de perspectiva étnica, intercultural y de género, que se refleja en políticas monoculturales, de tutelaje y asistencia social que no quiere reconocer a las mujeres indígenas como sujetas de derecho y con capacidad de gestión, acción y gobernanza.

Aunado a estos derechos está la violencia sistemática a sus cuerpos-territorios, a su derecho como integrantes de pueblos a la consulta y consentimiento libre previo e informado; del derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, así como del derecho a la libre determinación y gobierno propio. Estas múltiples violencias vulneran en mayor medida a las mujeres indígenas, a pesar de ello se han organizado y fortalecido su acción política; así en los últimos tiempos se ha configurado hoy en México la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, que busca aglutinar a la diversidad de redes a fin de lograr diálogos de alto nivel con autoridades federales que las escuchen en sus planteamientos, demandas y propuestas que logren la adecuación de políticas públicas que contemplen la diversidad cultural de un país que se precia Multicultural.

  • PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES MIGRANTES por Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C. por Meritxell Calderón Vargas

Las compañeras de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos invitadas por el Instituto Nacional de las Mujeres, asistimos al Encuentro especializado “De la legislación a la práctica. Rumbo a la sustentación del IX Informe de México en el Cumplimiento con la CEDAW en la Ciudad de México el día 21 de Mayo de 2018, donde participamos en la Mesa de Mujeres Migrantes con el siguiente texto:

Nuestra organización -fundada en 2004 y registrada en Baja California en 2011- se ha dedicado, entre otras labores, a dar seguimiento  y vigilancia al cumplimiento de diversas  normas y convenciones relativas a los derechos humanos de las mujeres, enfocando parte importante de nuestros esfuerzos en los derechos humanos de personas migrantes debido a nuestra ubicación geográfica y a las recurrentes consultas por violaciones a los derechos humanos por parte de hombres y mujeres migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos o que vienen de allá.

Nuestra experiencia profesional y alianzas locales con centros de rehabilitación para personas con adicciones  nos han permitido conocer la problemática que viven las personas migrantes con adicciones y las personas migrantes que aunque no vivan una adicción y no abusen de sustancias ilegales son estigmatizados como personas con adicciones por su nacionalidad o apariencia física resultado del exceso de horas de exposición al sol, deshidratación, síntomas y consecuencias del abuso policíaco como moretones o cicatrices y hasta discapacidad motora, así como alteraciones a la salud mental por discriminación y violencia social.

Al solicitar la Alerta de Género para Baja California presentamos nuestra preocupación por las mujeres migrantes y los delitos que se cometen en su contra en la región, al momento estamos revisando que el gobierno estatal tome medidas encaminadas a legislar y abonar al avance de los derechos humanos no sólo en la prevención de feminicidios y la atención a la violencia de contra las mujeres, si no también buscando el cambio cultural que se requiere incluyendo a la población migrante y la activación eficaz de la participación política de la población migrante, de manera principal de las mujeres quienes son jefas de familia que son un motor de la economía de la región.

Las personas que han buscado atención por parte de nuestra organización son en su mayoría personas mexicanas -por nacimiento o por derecho de sangre- “deportadas” o “repatriadas” que han habitado por más de una o dos décadas en Estados Unidos y que regresan a México sin arraigo alguno y en ocasiones con conocimientos muy básicos del idioma español lo cual es una barrera más para el disfrute de sus derechos y libertades.

En los últimos 4 años Tijuana está recibiendo a más mujeres migrantes de otros países del mundo como Haití, Rusia, África y desde hace aproximadamente unos 10 años migrantes principalmente provenientes de países centroamericanos.  En Baja California no contamos con la capacidad para una adecuada atención a sus derechos humanos ni por parte de los gobiernos ni de la sociedad civil. No existe una coordinación transparente ni democrática para generar servicios públicos ni privados para la población migrante y mucho menos se consideran las necesidades específicas de las mujeres y niñas ni de la población LGTB ni con alguna discapacidad. El incendio  provocado en uno de los albergues en Tijuana que hospedaba a población migrante LGTB y los robos con violencia, demuestran cómo es que no se cuentan con lineamientos de seguridad ni de atención para poder proteger a la población de la discriminación y la xenofobia de actores locales que ejercen el poder ilegalmente y demostraron que la voz de las personas migrantes ha sido desdeñada socialmente por los gobiernos y por la propia población que contaminada de xenofobia de pronto se vuelca con ataques en redes sociales contra las y los migrantes.

Reconocemos la necesidad de que organizaciones y gobiernos generen campañas permanentes que desalienten las conductas xenófobas y discriminatorias, buscando motivar las actitudes incluyentes que propicien el diálogo y reconocimiento de la interculturalidad y el valor cultural y social que generan las poblaciones extranjeras y nacionales migrantes en la región generando su participación social activa, así como la incorporación en los espacios de toma de decisiones.

Los espacios institucionales que buscan atender en general a la población migrante no cuentan con un enfoque de Derechos Humanos ni de Género al no contar con políticas específicas para atender a la población más allá de brindar atención de primer nivel como: alimentos, ropa de segunda mano y alojamiento temporal (de 5 a 15 a veces 30 días), bolsa de trabajo – para trabajos de mano de obra económica- y algunas actividades artísticas que no se han sistematizado y no abonan a la construcción de políticas públicas basadas en evidencia.

 Las personas migrantes con adicciones no cuentan con servicios de desintoxicación o de rehabilitación, ni servicios de salud mental públicos, sólo existe una Asociación Civil en Tijuana que hace las veces de Hospital de Salud Mental, pero sólo se cuenta con un Hospital Psiquiátrico en la ciudad de Mexicali, además, la mayoría de los centros de rehabilitación no se encuentran debidamente certificados.

La población de mujeres jóvenes migrantes que usan drogas en Baja California y en la frontera norte del país aumenta cada vez con mayor celeridad, de manera particular en Tijuana, donde aumentado un 222% anualmente; las políticas públicas para la atención a la violencia contra las mujeres y las niñas vemos que no se logran actualizar a tiempo para ser efectivas.

Consideramos importante generar información basada en evidencia para desestigmatizar la migración, desmitificar que el aumento de la incidencia delictiva en la frontera es por el aumento de la migración. Esta tarea se hace difícil debido a la falta de Bases de Datos que consideren la nacionalidad o situación migratoria en casos de violencia contra las mujeres; vemos, además, la importancia de conocer debidamente la población que usa drogas y conocer qué tipo de drogas consume  y desde cuándo para permitirnos generar políticas de reducción del riesgo y alternativas de rehabilitación conforme a las normas internacionales de derechos humanos y apoyando los vínculos familiares en sus países de origen para evitar la depresión y la recaída al consumo de drogas.

El Sistema Estatal para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia conta las Mujeres en Baja California tiene la oportunidad de generar espacios de diálogo y coordinación para atender a las mujeres migrantes trabajadoras a partir de insertar en agendas nacionales como la CONAGO y agendas internacionales como los acuerdos generados por los países de la región Asia-Pacífico para promover la desestigmatización de las mujeres migrantes y promover la cultura de generarles espacios de trabajo dignos y decentes y su incorporación a la democracia local y nacional.

  • PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA POBLACIÓN LGTB por la Asociación CoDiver A.C. de Ensenada por Claudia López Sanz

Nuestro país se enfrenta a situaciones estructurales que generan prácticas que inhiben la participación de personas LGBTI y las mujeres a los puestos de elección popular. Para lograr la participación democrática electoral sustantiva, por tanto, se deben impulsar e implementar acciones que sean tan amplias que alcancen a los partidos políticos, así como fomentar tareas de sensibilización las cuales sean recibidas tanto por la dirigencia como por la militancia, dejando de lado el discurso de la tolerancia, para ser reemplazado por el de la convivencia desde las diferencias que involucren la participación sin trabas. Siendo así tarea inaplazable el que las autoridades electorales tomen cartas en el asunto, y garanticen condiciones de igualdad.

Baja California merece vivir elecciones con igualdad y paridad sustantiva, conminamos desde diversos espacios plurales, a que la autoridad competente no se limite a ser un árbitro pasivo, por el contrario que se convierta en un actor activo y que llegue a los límites que la ley lo permita, para que de esta forma garantice la calidad cualitativa y cuantitativa en la paridad, sin discriminación.

Las personas de la población LGBTI lesbiana, gay, bisexual, transgénero o intersex (LGBTI) se ha conformado como un sector específico que ha recibido una discriminación histórica. Esta discriminación por orientación sexual o identidad de género se manifiesta como la restricción exclusión que anula o acorta el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y libertades, en condiciones de igualdad. Esta discriminación que sufren las personas LGBTI está fundada en prejuicios, estereotipos sociales, culturales y por información distorsionada o imprecisa.

Retomando lo expresado en los Principios de Yogyakarta:

“Los Principios de Yogyakarta afirman las normas legales internacionales vinculantes que todos los Estados deben cumplir. Prometen un futuro diferente en el que todas las personas, habiendo nacido libres e iguales en dignidad y derechos, puedan realizar ese preciado derecho.”

En México en ese contexto, Jacqueline L’Hoist Tapia, ex presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), afirmó: que cuando se habla de paridad de género “en nuestro imaginario social únicamente nos referimos al tema de hombres y mujeres, lo cual nos lleva a una mirada recurrentemente heteronormativa, heterosexual”, pero deja afuera a la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual (LGBT).

Durand Ponte, V. M.  (2010). Ciudadanía precaria desigualdad social Estado de excepción permanente. México: Siglo   XXI Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM.

  • PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES ADULTAS MAYORES por la Red Iberoamericana Pro-Derechos Humanos A.C. – Sukheys Vázquez Ortiz

Es común asociar a las adultas mayores con el retiro o descanso, no sólo en el ámbito laboral sino también en la vida social y política, por ende, es necesario que puedan tener acceso a puestos de toma de decisiones e incidencia política y que esta etapa exige un desenvolvimiento en donde no sean excluidas.

Para esto existen ordenamientos como la Ley de los Derechos de las personas adultas mayores, la cual tiene como objeto la protección de sus derechos y establecer las bases que rijan su cumplimiento adecuado. Por ello dentro de dicha Ley se encuentra establecido lo siguiente:

1.Artículo 4o. Son principios rectores en la observación y aplicación de esta Ley:

II. Participación. La inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta; asimismo se promoverá su presencia e intervención.

Y como parte de sus derechos que contiene la Ley mencionada, indica:

2.Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

VII. De la participación:

e. A formar parte de los diversos órganos de representación y consulta ciudadana.

De acuerdo con la recomendación 27° emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW):

1.La discriminación que sufren las mujeres de edad con frecuencia es de carácter multidimensional, al sumarse la discriminación por motivo de edad a la discriminación por razón de género, origen étnico, discapacidad, grado de pobreza, orientación sexual e identidad de género, condición de migrante, estado civil y familiar, alfabetismo y otras circunstancias. Las mujeres de edad que pertenecen a grupos minoritarios, étnicos o indígenas, o son desplazadas internas o apátridas, suelen ser víctimas de discriminación en un grado desproporcionado.

2.Las mujeres de edad suelen ser discriminadas por medio de restricciones que menoscaban su participación en los procesos políticos y de toma de decisiones. Por ejemplo, la falta de documentos de identidad o de medios de transporte puede impedirles ejercer su derecho al voto. En algunos países las mujeres de edad no tienen derecho a establecer ni participar en asociaciones u otras organizaciones no gubernamentales para promover sus derechos. Además, la edad de la jubilación obligatoria puede ser más temprana para la mujer, lo que puede dar lugar a discriminación contra las mujeres, incluso las que representan a sus gobiernos en el plano internacional.

Con respecto a lo anterior, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), le recomienda a los Estados parte lo siguiente:

Participación en la vida pública

1.Los Estados partes tienen la obligación de velar por que las mujeres de edad tengan la oportunidad de participar en la vida pública y política y ocupar cargos públicos a todos los niveles, y porque dispongan de la documentación necesaria para inscribirse para votar y presentarse como candidatas a las elecciones.

Como conclusión se considera que deben ser respetados y protegidos los derechos políticos, en este caso a la Paridad de Género de las Mujeres adultas mayores para lograr que sean involucradas en la creación de políticas públicas hechas por y para ellas, así como a la toma de decisiones de relevancia dentro de la esfera jurídica.

  • PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES JÓVENES por Féminas- Melissa Soto Osuna

Baja California es considerada como una entidad de mujeres jóvenes, con una población de 293 795 mujeres de entre 20 y 29 años, y una media de 27 años, considerando la población total de la entidad.

De acuerdo con Naciones Unidas (2016), el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones políticas facilita el impulso de los temas relacionados con la protección y reconocimiento de sus derechos.  Y las mujeres jóvenes han demostrado liderazgo político al involucrarse en la defensa e integración de la agenda pública de temas como la igualdad de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres, el permiso parental, el cuidado de hijas e hijos, pensiones, etc.

 Sin embargo, a pesar de ser la entidad con mayor porcentaje de abstencionismo, pero donde las mujeres jóvenes son el grupo poblacional con una mayor participación en el desarrollo de las campañas políticas, en Baja California las jóvenes enfrentan múltiples obstáculos para ocupar espacios de liderazgo político.

A pesar de que la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Baja California en su artículo 52, establece la responsabilidad de los partidos de implementar acciones orientadas a asegurar el desarrollo político de las mujeres y la paridad de género es necesario se enfoquen recursos específicos para fortalecer los liderazgos de las mujeres jóvenes.

La realidad es que las mujeres jóvenes se encuentran subrepresentadas en los cargos de elección popular y los espacios de toma de decisiones, lo que implica una desconfianza generalizada entre este grupo, de que existan representantes y líderes políticas que busquen garantizar que sus derechos serán respetados y sus necesidades actuales serán tomadas en cuenta en las políticas públicas.

La construcción e implementación de mecanismos que aseguren el acceso de las mujeres jóvenes a cargos de elección popular y su participación política, es al mismo tiempo una forma de apoyarles e incitarles a que asuman responsabilidades en la vida política, y a que contribuyan a la promoción de la paz y el desarrollo, de dejar de infantilizarlas y negar su potencial como agentes de cambio.  Además, permitiría consolidar la idea de que los espacios de toma de decisiones son accesibles para ellas y los despojaría de un carácter discriminatorio. Solo de esta manera se garantiza el principio de democracia y paridad de género y si se privilegia la figura de la reelección sólo hay una diputada joven que podría en su caso representar a este sector de la población a todas luces vulnerado.

  •  PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES CON ADICCIONES– Centro de la Conducta S.C. por la Dra. Psyché Calderón Vargas

En México se sigue considerando un antiguo enfoque que contraviene los derechos humanos de las personas en rehabilitación y tratamiento, violenta las normas que prohíben la tortura y los tratos crueles e inhumanos y es contraria a las leyes mexicanas e internacionales que prohíben la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas de una de las poblaciones sistemáticamente vulneradas: las mujeres con adicciones.

Es un hecho que la violencia no se combate con violencia y lo ha reconocido el actual Presidente de la República al dirigirse a las y los mexicanos; las políticas públicas que toman en cuenta a las personas con adicciones están históricamente aferradas a “combatir” a las personas con adicciones en lugar de buscar su protección y garantizar sus derechos como cualquier Estado democrático debería hacerlo y en países donde se respetan los derechos de este sector hay programas que buscan la participación ciudadana activa de personas con adicciones y personas que se han rehabilitado del abuso de drogas ilegales y legales.

Los saberes que reflexionan sobre la prevención del uso de drogas y muchas de las investigaciones académicas respecto a la reducción del consumo y abuso de drogas ilegales se posicionan frente a las personas con adicciones como un ente juzgador y que les mide a manera de diagnóstico clínico. Son nombradas violentamente por programas en textos gubernamentales como: “adicciones y violencias”, relacionando como algo “natural” las violencias con el consumo, sin mediar las razones y consecuencias de sufrir alguna adicción.

Muchas personas con adicciones no reciben el tratamiento del que podrían disfrutar por el estigma social que recae sobre esta población, la reducción de estereotipos y la participación activa en ámbitos de participación ciudadana pueden abrir un espacio hacia la representación de la población que necesita ser escuchada y atendida para tener una vida digna y libre de violencias como es el derecho de todas las mujeres y niñas. Las estrategias  internacionales recomiendan a los gobiernos precisamente contar con la participación ciudadana de las personas con adicciones en la elaboración de programas y políticas públicas de protección a los derechos humanos de las mujeres desde un enfoque de reducción del riesgo, buscando eliminar las prácticas discriminatorias y estigmatizantes. Si se privilegia la figura de la reelección respecto a la paridad y no se permite que se abra el camino para las personas con adicciones ocupen espacios mediante los espacios plurinominales seguirán siendo subrepresentadas y sin servicios ni atención digna.

  1. CONCLUSIÓN

Todas las autoridades mexicanas tienen la obligación de cumplir y garantizar los tratados internacionales, entre ellas las recomendaciones que se realizan por parte de organismos internacionales como lo son las Naciones Unidas mediante el Comité de Expertas de la CEDAW, en el verano de 2018 recomendó al Estado mexicano aumentar el número de mujeres elegidas para ocupar cargos en las elecciones y menciona la preocupación respecto a que los partidos políticos siguen menoscabando la capacidad de las mujeres de presentarnos como candidatas en elecciones estatales o municipales por lo que recomienda al Estado mexicano establecer objetivos y plazos precisos para acelerar la participación de las mujeres en pie de igualdad en todos los planos de la vida pública y política y a crear las condiciones necesarias para la consecución de esos objetivos.

   El Comité de Expertas de la CEDAW recomendó además adoptar medidas para combatir las prácticas discriminatorias de los partidos políticos que desalientan a las mujeres, en particular las indígenas y afromexicanas a presentarse como candidatas en las elecciones federales, estatales o municipales.

Por lo anterior es que solicitamos al Tribunal revisar los efectos de los lineamientos y el acuerdo impugnado por la Lic. Matilde Terrazas. El resultado de ignorar de nuevo a las mujeres no permitiendo que se den 3 candidaturas para mujeres en las alcaldías sería más abstencionismo y desaliento para la participación ciudadana. El hecho de que se limite la paridad sobre la reelección en el Congreso local nos deja sin ánimo de seguir persiguiendo una carrera política por ello es necesario tomar medidas y vigilar que las mujeres quedemos representadas desde nuestras diversidades y la lista plurinominal sea ocupada únicamente por mujeres de los diversos sectores vulnerados.

Así, es urgente analizar, contextualizar, medir e interpretar las realidades locales y focalizadas para conocer de primera mano y con enfoques metodológicos pertinentes, las dinámicas de los fenómenos sociales vinculados a la discriminación sistemática que vivimos las mujeres de todas las edades y sectores en materia de representatividad y presencia en los espacios de toma de decisión recordando que las últimas elecciones de 2004 y 2010 en Baja California sólo se presentaron aproximadamente el 33% del padrón electoral a votar.

No ignoramos que el Estado de Guanajuato cuenta con lineamientos de paridad para las pasadas elecciones donde no se privilegió la figura de la reelección respecto a la paridad, sabemos que se debe analizar cada caso particular, pero existen antecedentes en México y contamos con las referencias legales y doctrinales suficientes como para que este Tribunal pueda resolver en pro de la democracia paritaria e indicar a los partidos políticos la inclusión obligatoria de las mujeres en 3 alcaldías y el 50% del congreso local, afirmando que si se presenta a las mujeres candidatas por la lista de representación proporcional ganaría la democracia y se podría generar la confianza que se ido perdiendo en la población en general.

Por lo expuesto, solicitamos a su amable magistratura tenga en cuenta los argumentos presentados para favorecer una resolución a favor del principio de paridad en Baja California porque estamos contando con que desde la justicia federal se ponga un alto a la posibilidad de vivir 12 años más sin paridad entre mujeres y hombres y por ende poniendo una barrera para el desarrollo de la región y de los liderazgos de mujeres. Como ya lo dijo Rosa Luxemburgo “quien no se mueve no siente las cadenas”, nosotras estamos movilizándonos en todos los ámbitos que la legalidad nos permite para defender nuestros derechos civiles y seguiremos trabajando porque no se dé un paso más sin nosotras.