Informe 2016-2019

Consejera Ciudadana ITAIPBC -Meritxell Calderón Vargas

08 de septiembre de 2016 al 31 de marzo de 2019 | Mexicali, Baja California

Introducción

La participación social y el trabajo a favor de los derechos humanos es parte de lo que soy y lo que quiero ser como parte de la comunidad bajacaliforniana. Soy tan multicultural como esta región y por ello me interesa la comunicación social y gubernamental, la libertad de expresión y la palabra libre.

Ser abogada defensora de derechos humanos en Baja California no es tarea fácil. Haberme relacionado con personas en organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas, academia, periodistas, profesionistas de la salud y ser parte de espacios culturales y de reflexión, me ha permitido abrirme camino para difundir derechos humanos de manera multidisciplinaria y teniendo en cuenta los diversos momentos en que vivimos los derechos las personas en las diferentes ciudades y la región fronteriza.

El Derecho al Acceso a la Información Pública es, a mi entender, parte toral de la democracia. Si no sabemos hacia dónde va el barco ¿cómo podemos decidir el rumbo?, el derecho al acceso a la información no es nuevo, existía incluso en las monarquías, sin embargo, entre más público, más abierto y más incluyente sea un gobierno, más garantizada estará la democracia; por eso es que muchas personas que nos dedicamos a impulsar las libertades en nuestro país estamos tomando la bandera de la transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas y contraloría social como un trabajo muy serio que le dará cimientos más firmes a los derechos humanos en el presente y a largo plazo.

Desde el día 08 de septiembre del año 2016 que tomé protesta en el Congreso de Baja California ante el Parlamento anterior al presente, decidí que mantendría una postura institucional y de diálogo, pero firme ante la necesidad de implementar los avances en derechos humanos, esto, por ser el primer Consejo Ciudadano del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California. Llegué con el interés de sumar en lo posible en este y otros procesos ciudadanos donde el involucramiento de la sociedad civil y la academia son parte importante.

Mi cargo como consejera vence en septiembre de 2019, sin embargo, solicité licencia temporal para ser candidata a Comisionada del ITAIPBC, regresaré a mi cargo de no ser seleccionada y solicitaré se me refrende para continuar con esta responsabilidad durante tres años más de ser posible.

Debo comentar que, respecto a la paridad es importante enunciar que al Consejo Consultivo del ITAIPBC sólo nos inscribimos 3 mujeres para contender por el cargo de consejeras, entramos en segunda convocatoria[1] porque la anterior había quedado desierta por falta de la participación de mujeres que garantizara la paridad en el Consejo Consultivo.

Si por el género entré a ocupar este espacio ciudadano, buscando traer la visión de una de las tantas integrantes de la Sociedad Civil bajacaliforniana que trabaja a favor de la igualdad, por el género trabajé en mi cargo honorífico, así lo hice y lo seguiré haciendo, desde el Pleno del Instituto o desde el Consejo Consultivo, según lo consideran pertinente, o en su caso, desde la Sociedad Civil organizada y la academia.

Este informe se presenta a partir de los temas respecto de la ley de Transparencia de Baja California que me obligué a cumplir y los temas de interés que hemos discutido en diversos espacios de opinión y de trabajo y que consideramos pueden apoyar la reflexión social y gubernamental:

Introducción

  1. Contra la opacidad y la impunidad: la norma
  2. Palermo y la Ley Modelo Interamericana sobre el Acceso a la Información V 2. 0
  3. La Triada: Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema de la Ley General de Archivos.
  4. Armonización permanente: Derecho y TIC´s
  5. Por la libertad: Derecho al Acceso a la Información Pública y a la Protección de Datos Personales como cimiento para la defensa, protección y educación de la cultura de integridad, transparencia y sociedad abierta.
  6. Desempeño Institucional: Consejo “abierto”
  7. Programa
  8. Participación ciudadana
  9. Opiniones
  10. Autoevaluación

Conclusiones

 Diputadas y diputados, les hago entrega del Informe de Trabajo de septiembre de 2016 a marzo de 2019 de mi desempeño como Consejera Ciudadana en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California, mismo que después de haberles hecho entrega en la oficialía de partes del Congreso, publicaré en redes sociales para su difusión.

Contra la opacidad y la impunidad: la norma

Las normas relativas al derecho al acceso a la información tienen pocos años en vigor dando forma a un sistema nacional en México obligatoria y vinculante, sin embargo, es una práctica que debería ser común en toda democracia y que en los países donde hay casos paradigmáticos de corrupción, delitos de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos, es necesario contar con mecanismos de contraloría social vigentes que tienen el derecho al acceso a la información como parte central de la garantía al derecho a las libertades más fundamentales valoradas mundialmente.

En los últimos años se ha trabajado con el derecho al acceso a la información desde ciertas élites académicas y sociales, pero cuando es útil a la comunidad la información se pueden lograr cambios tangibles como: hacer pavimentar calles, rehabilitar espacios públicos, convertir un basurero en recicladora y muchas acciones comunitarias que fortalecen los lazos que sostienen la democracia.

Ante las costumbres del secreto y las acciones opacas y ambiguas de los gobiernos anteriores en América Latina, buscamos retomar el poder ciudadano desde la contraloría social y es por eso que muchas organizaciones comunitarias y sociales estamos formando parte de estos espacios de monitoreo del poder.  Hace unos años no se hubiera pensado que alguien como yo (mujer, lesbiana, de 39 años con tatuajes y fama de activista) o el diputado “Mijis” tuviera el micrófono y sea escuchado como parte de los gobiernos y ante ellos, aquí estamos y vienen más.

Las normas se adaptan a la necesidad social de conocer más de lo que se hace y cómo se hace por parte de los gobiernos y respecto d ellos intereses de quienes realizan gestiones gubernamentales y gastan en acciones públicas. En el Consejo sólo buscamos la armonización de la Ley General de Archivos mediante la opinión que en adelante mencionaré, el Dr. Vera insistió en la necesidad de la armonización con el derecho internacional de los Derechos Humanos, sin embargo, no sugerimos más cambios o mejoras legislativas.

·       Palermo, Mérida y la Ley Modelo Interamericana sobre el Acceso a la Información V 2. 0

En las Naciones Unidas tenemos a la Convención de Palermo y la de Mérida principalmente, y -en el ámbito de la OEA- existen diversas convenciones, acuerdos y cartas de entendimiento donde los países se pronuncian respecto a convenciones como la Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 13 sobre la Libertad de Pensamiento y de Expresión; la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los principios sobre el derecho de acceso a la información del Comité Jurídico Interamericano; las Recomendaciones de Acceso a la Información elaboradas por el Departamento de Derecho Internacional de la OEA, en coordinación con los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano, la sociedad civil, las y los expertos de los Estados Miembros y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente; los informes anuales de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Declaración de Atlanta y el Plan de Acción de las Américas para el Avance del Derecho de Acceso a la Información del Centro Carter y más, que en conjunto dan fundamento a la urgencia que presentamos respecto a la armonización de las normas locales que garantizan el derecho a la transparencia y acceso a la información, así como a la protección de datos personales y la rendición de cuentas, a retomar la Ley Modelo Interamericana sobre el Derecho a la Información en su versión 2.0 que se actualiza para normar este derecho de acuerdo a los nuevos avances de la ciencia.

·       La Triada: Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema de la Ley General de Archivos.

La adopción de marco normativo actualizado en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública debe complementarse por “la triada” que es la Ley General de Archivos y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Es necesario dedicar más tiempo por parte del Consejo, del Instituto y de todas las personas involucradas en la función pública al estudio de normas y políticas públicas vigentes que puedan ser consideradas buenas prácticas para tener un marco de referencia para el proceso de implementación de las normas actualizadas al ámbito internacional y estar en el estado del arte de las nuevas tecnologías para permitir el acceso a los nuevos avances de la ciencia a la población bajacaliforniana sin dejar atrás las visiones locales que puede aportar la ciudadanía desde diversos espacios.

La Convención de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención contra el Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE señalan medidas preventivas contra la corrupción en el sector público y privado tales como: códigos de conducta, sistemas de contratación pública y gestión de la hacienda pública más efectivos para contar con una mejor evaluación ciudadana de la organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones. También la participación e incidencia de las organizaciones sociales y civiles, de defensa de derechos humanos y de base comunitaria se hace indispensable para el avance en la implementación de las estrategias internacionales hacia la integridad, la buena convivencia y la paz.

·       Armonización permanente: Derecho y TICs

Es recomendable contar con un mecanismo de seguimiento a la armonización legislativa de “la triada” de manera simultánea y acompañarla de convenciones como la de Belém do Pará y otras que lograrían transversalizar políticas públicas a favor de grupos vulnerables como personas con discapacidad y otros. Es necesaria una actualización permanente de las personas e instituciones involucradas en la garantía del derecho al acceso a la información y a la protección de datos personales porque el acceso a las TIC´s es parte del proceso de accesibilidad que debe ponerse en un programa de implementación al cual la misma sociedad civil de seguimiento y pueda proponer mejoras y buenas prácticas.

Durante el trabajo ciudadano realizado en el Consejo Consultivo fuimos el Dr. Martín Vera y la de la voz quienes citamos instrumentos internacionales y acercamos al Consejo artículos de autoría personal del Doctor en revistas científicas de administración pública, gobierno abierto y más; por mi parte compartí información respecto a convenciones, tratados internacionales, les proporcioné una guía de parlamento abierto y el Dr. Vera nos proporcionó información sobre la Métrica de Gobierno Abierto y otros temas de interés.

Por la libertad: Derecho al Acceso a la Información Pública y a la Protección de Datos Personales como cimiento para la defensa, protección y educación de la cultura de integridad, transparencia y sociedad abierta

Es sabido en disciplinas como la sociología, el derecho, la administración pública, la filosofía política y otras que los cambios legislativos deben ir acompañados de cambios culturales para que su cumplimiento no sea considerado por la ciudadanía como una obligación que causa enfado si no como una norma social de convivencia que de cumplirse sin excepción llevará a una sociedad más armónica y equitativa.

El acceso a la información es un derecho humano que se considera una condición esencial para todas las sociedades que se enuncian democráticas y somos parte como Estado mexicano de los 23 países que cuentan con normas nacionales para garantizar el derecho al acceso a la información. Este derecho es relativo a toda información gubernamental y sus excepciones deben de estar claramente reguladas. Los gobiernos deben divulgar información sobre sus funciones de forma proactiva: accesible y comprensible y el proceso para solicitar información debe regirse por reglas justas y no discriminatorias. Por lo anterior los países que firmaron todos los acuerdos y convenciones anteriormente mencionadas tienen por obligación adoptar medidas para promover, implementar y asegurar el derecho al acceso a la información en las Américas.

En el Estado de Baja California vimos con disgusto que se eliminara la Comisión de Transparencia del Congreso local a pesar de haber visto la parte positiva de la generación de convenios de colaboración entre el ITAIPBC y el Congreso local, consideramos que siempre debe ser más y nunca menos, no sólo por convicción, sino por el principio de progresividad de los derechos humanos y su comportamiento al ser transversalizados en las políticas públicas. Tampoco fue bien visto que no se diera continuidad a las actividades de la Secretaría Tripartita donde participaron los consejeros Martín Vera y Rosa Quiñonez. Es necesario generar un proceso de implementación calendarizado donde la sociedad civil y la academia puedan ser parte fundamental de la exigencia de la actualización de las normas y de los conceptos que van perdiendo vigencia con el avance de las tecnologías.

Debemos esperar contar con una sociedad donde las sesiones de lobby político se realicen de manera transparente y justa, debemos aspirar a que la información que necesitamos conocer para resolver problemas y mejorar nuestro entorno social esté disponible y en versión ciudadana.

Para que se logre una efectiva protección a los datos personales y un buen nivel de garantía al derecho al acceso a la información es necesario contar con una sociedad dispuesta a vivir la cultura de la integridad como una práctica común.

Desempeño Institucional: Consejo “abierto”

Tomé protesta el 8 de septiembre[2] de 2016 en la ciudad de Mexicali, Baja California en el seno del Congreso local[3] donde fuimos votadas por unanimidad las 6 personas integrantes del Consejo Consultivo. Para cumplir la paridad entramos en 2da convocatoria porque en la primera no se logró cubrir, acudimos a ella 3 mujeres y las 3 quedamos como consejeras porque no tuvimos competencia.

El día que nos tomó protesta como Consejo Consultivo del ITAIPBC el Congreso local siendo presidenta la Diputada Mónica Bedoya, nos prestaron la sala de juntas localizada detrás de la Sala de sesiones para designar una persona encargada de la presidencia y los cargos consecutivos que señala la Ley de Transparencia del Estado donde tomó protesta como presidenta la abogada Adolfina Escobar quien presidió durante un año el Consejo por acuerdo unánime. Empezamos mal porque no seguimos el orden “natural” de la presidencia como lo señala el reglamento de la Ley de Transparencia local, hicimos un acuerdo interno donde cada presidencia supuestamente duraría un año para darnos la oportunidad a todas las y los consejeros de llegar a la presidencia, sin embargo, este acuerdo se incumplió cuando tocó el cambio de presidencia ya que se pasó el cargo honorífico al Lic. Arturo Camacho Quintana sin presentar plan de trabajo o programa alguno y que desgraciadamente fue quien extendió su cargo varios meses más obstaculizando el trabajo del Consejo Consultivo, finalmente acordó ceder la presidencia hasta el último día del mes de enero de 2019. Ahora está como presidenta del Consejo la abogada Rosa Quiñonez quien es conocida por su persistencia y participación en diversos espacios ciudadanos. En Rosa encontré una aliada para promover temas a favor de los derechos de las mujeres la mayoría del tiempo.

Entrecomillo “abierto” en el subtítulo porque en realidad no logramos sino hasta las dos últimas sesiones hacer que se grabaran y transmitieran en vivo, al menos, las últimas sesiones del Consejo Consultivo. Desde las primeras sesiones hubo resistencias por parte de los integrantes de más edad del Consejo que consideraban que las sesiones no deberían ser abiertas al público y que si había público podrían ser “mandados a sacar” apoyándose “del uso de la fuerza pública”.

Fue frustrante encontrar cómo la mayoría de las y los integrantes no tuvieron intenciones de retomar el lenguaje incluyente, la perspectiva de género ni la de derechos humanos. Encontré en un espacio institucional donde esperaba un espacio de confianza y entendimiento para lograr sacar adelante los objetivos del consejo y sólo hallé un ambiente poco democrático y osificado por la burocracia y el protocolo sin sentido.

  1. Programa

Apoyé con la elaboración de una propuesta de programa para el Consejo Consultivo durante las primeras sesiones de trabajo, antes de la elaboración de nuestro reglamento. El Programa nunca se votó, ningún presidente o presidenta presentó un programa de trabajo y no logramos fijar metas ni consolidar indicadores. Durante el primer año durante el que presidió el Consejo la abogada Adolfina Escobar sesionamos conforme al reglamento, tuvimos sesiones de trabajo extraordinarias y sesiones para lograr una versión final del reglamento[4] interno del Consejo Consultivo que finalmente se votó el 24 de mayo de 2017.

Sesionamos de manera extraordinaria[5] en noviembre de 2016 para emitir nuestra opinión respecto al anteproyecto de egresos para el ejercicio 2017 del ITAIPBC.

Durante los últimos meses de 2016 y 2017 se sesionó regularmente hasta la entrada como presidente del Consejo Consultivo del Lic. Arturo Camacho quien descuidó su labor de una manera muy penosa al grado que sesionamos en ocasiones por convocatoria del Dr. Martín Vera a falta de la atención del presidente Camacho de convocarnos para realizar nuestra labor ciudadana.  Incluso durante el año 2018 el Dr. Vera y su servidora firmamos una carta dirigida al H. Congreso local donde informábamos de la lamentable situación del Consejo donde carecíamos de sesiones, donde las únicas personas de seis integrantes participando activamente con opiniones y propuestas éramos el Dr. Vera y la de la voz.

  1. Participación ciudadana y opiniones

Sólo durante el primer año buscamos asistir a universidades para difundir el Derecho a la Información como un Derecho Humanos y la Cultura de la Transparencia asistiendo a la Universidad Humanitas en Tijuana. Encontramos muy escasa participación de la sociedad civil, somos unas cuantas personas involucradas desde espacios no partidistas en temas como transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, archivos y protección de datos personales.

Durante el mes de octubre de 2016 realizamos una reunión de trabajo para discutir el reglamento del Consejo donde el Lic. Rafael Figueroa Palomares participó asistiendo e invitando a organizaciones civiles de Tijuana y San Diego donde coincidimos en la necesidad de que le Consejo funcione a modo de Parlamento Abierto.

La Segunda Sesión Ordinaria[6] fue donde pedí se subiera al orden del día una opinión consultiva que presenté respecto a la necesidad de la armonización local de la Ley General de Archivos, que en su momento retiré con la intención de proporcionar más información al respecto a las y los consejeros, esta opinión se presentó dos años después y no tuvo respuesta del ITAIPBC, sin embargo estoy satisfecha de haber difundido entre actores sociales de importancia el conocimiento de que los archivos son el eslabón entre la transparencia y las medidas anticorrupción tan necesarias y el alto a la impunidad, a la violaciones a los derechos humanos y a los delitos de lesa humanidad.

Durante las sesiones se fue convocando a las y los Consejeros integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California: Calderón Vargas Meritxell, Camacho Quintana Arturo, Escobar López María Adolfina, Figueroa Palomares Rafael, Quiñonez Soto Rosa María y Vera Martínez Martin Cutberto, quienes asistimos sólo más activamente durante los primeros 18 meses, como lo fue la Tercera Sesión Ordinaria[7] del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California donde analizamos el Reglamento Interno del Consejo y revisamos las opiniones que presentó el Dr. Vera respecto de la publicidad emitida por ITAIPBC en medios de comunicación y redes sociales en la cual participé sumándome y haciendo énfasis en la falta de accesibilidad de estos. También revisamos la opinión del Dr. Martín respecto del Sistema Estatal Anticorrupción, sumándonos, como en muchos casos al trabajo del consejero que le daba la cara académica al Consejo Consultivo.

No logramos tener en línea nuestras actividades como Consejo, no logramos una interacción adecuada en redes sociales con la población ni desarrollamos las acciones de promoción y difusión de la cultura de la transparencia que habíamos acordado en un principio. En 2018 tuvimos nuestra primera sesión ordinaria[8] sin el presidente, en la ciudad de Mexicali, misma reunión fue coordinada por el Dr. Vera y la abogada Rosa Quiñonez, juntos logramos muy buenos resultados durante el diálogo con las autoridades del órgano garante que nos recibieron ese día y hay constancia de ello en el vínculo que marco como pie de página.

En octubre de 2019 participamos 5 de los 6 integrantes en el 8vo Seminario Internacional Anticorrupción “Retos de las Políticas Anticorrupción: De la captura al universalismo” que tuvo como objetivo discutir las estrategias que han funcionado a nivel internacional[9] en materia de “combate” a la corrupción. Participé en el Taller[10] Gestión Documental “La nueva ley general de archivos”. Asistí al Seminario del año 2017 con mis propios recursos del cual puedo recuperar que en países donde la Transparencia y la Rendición de Cuentas son costumbre la Anticorrupción ha logrado ser más sancionada y se previenen las acciones oscuras y poco dignas como las violaciones a derechos humanos y el abuso de poder.

Participé en las mesas de trabajo para la Política Nacional Anticorrupción en la Mesa de Derechos Humanos, donde conocí a algunos de los participantes del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción y platicamos de un encuentro para analizar el Sistema desde el punto de vista de la Transparencia y Rendición de cuentas. Resultó en un foro donde participó uno de los integrantes del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, Ricardo Zurita. Gracias al apoyo institucional de la Universidad Autónoma de Baja California que gestionó el Dr. Martín Vera, coordinamos el encuentro contando con la participación de la colectiva de mujeres universitarias Féminas, estuvo compartiendo la voz conmigo la Internacionalista Melissa Soto O., juntas, vinculamos el tema de la corrupción con la discriminación y la misoginia por tener la esencia del abuso de poder. Este “Encuentro ciudadano académico de análisis del Sistema Estatal Anticorrupción”[11]nos ayudó a poner sobre la mesa que el Sistema nacional y el estatal anticorrupción tienen una labor importante para el avance de los derechos humanos y que lograr la gobernanza será una de las mejores estrategias participativas que se consideran buenas prácticas en varios países que están actualizándose de manera permanente en las TIC´s y los avances de la ciencia y con un enfoque de Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas. Por todo lo anterior, participo como Consejera de Integridad en la Ciudad de Tijuana con la Red Nacional Anticorrupción -Capítulo Baja California así como con el Frente Político Nacional de las Mujeres -Capítulo Baja California, procurando vincular siempre para el análisis los derechos de las mujeres con la transparencia, rendición de cuentas y medidas anticorrupción.

Por el trabajo de contraloría social que hago desde la organización de la social civil con la que colaboro he podido entender que las herramientas de la democracia pueden usarse para ampliar la protección y garantía de los derechos de las personas de los grupos vulnerables y a cada espacio que fui invitada promoví que haga uso de herramientas ciudadanas ya sea para la incidencia, para la resistencia, para saber o por cultura general; pero que de alguna manera busque enterarse y se enteren de lo que hacen los gobiernos, las instituciones universitarias, los espacios financiados por el Estado y otros temas igual de importantes que vigilar.

El 11 y 12 de marzo de 2019 se llevó a cabo el Foro Internacional Anticorrupción “Arriba el norte, abajo la corrupción” con el PNUD y USAID donde se lanzó la Red Nacional Anticorrupción de la que formo parte, participé en el panel con el Dr. Fernando Nieto, la Mtra. Mónica de Data Cívica y la Dra. Chéryl Álvarez una cara conocida y que sabe del trabajo local a favor de los derechos de las mujeres. En este panel donde revisamos el tema de cómo se vincula el género con las estrategias anticorrupción y cómo llevar estas herramientas a las mujeres de grupos vulnerables. Las y los expertos que participaron recomendaron que la vinculación entre sociedad civil, órganos garantes y gobiernos general las mejores inercias intersectoriales para avanzar hacia la integridad y la ciudadanía abierta.

  1. Autoevaluación
Como consejera ciudadana
Asistencia y puntualidad Fueron pocas las sesiones ordinarias y extraordinarias a las que no asistí, por lo general fui puntual y revisé todos los documentos que nos hicieron llegar las y los integrantes del Consejo, el ITAIPBC y otras autoridades y organizaciones o la misma ciudadanía.
Aportaciones desde el área de experiencia de c/u. Siempre manifesté preocupación por la transversalidad de los derechos humanos en particular en temas de género, paridad, accesibilidad y acercamiento a la población para promover la cultura de igualdad, la documentación y la comunicación social con un enfoque de Derechos Humanos. Aporté documentación e información al Consejo para entender mejor el derecho a la Verdad, la Memoria y el Derecho a la Historia.
Opiniones y vínculos con Sociedad civil y academia Trabajé en una opinión durante casi dos años para lograr enterar al Consejo Consultivo de la importancia de la Ley General de Archivos y su armonización local. Hicimos vínculos con organizaciones sociales de mujeres, estudiantes y defensoras de derechos humanos para trabajar con la herramienta de la transparencia y la rendición de cuentas de la mano con la exigencia de los derechos humanos, justicia para las víctimas y reparación del daño.
Experiencia personal Aprendí mucho de las y los consejeros con quienes compartí el espacio, por ejemplo, del Dr. Vera vi lo que una persona organizada, dedicada y atenta puede lograr, le aprendí de temas como Métrica del Gobierno Abierto y otros. De Arturo Camacho aprendí cómo no deben seguirse haciendo las cosas. De Rosa Quiñonez que más valen paciencia y un buen silencio; de Rafael Figueroa y Adolfina Escobar aprendí que es importante conocer bien a las personas para trabajar en temas ambiguos o poco claros, que tres años no bastan para coordinar las formas de trabajo si no hay voluntad pero que cuando la hay los cambios son sustanciales.

Imágenes por la filósofa y documentalista Nancy Bonilla Luna, donación de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C.

Conclusiones

La corrupción es un obstáculo para la garantía de los derechos humanos, debilita la democracia, socava el Estado de Derecho y hace que la participación social pierda sentido; participar en el Consejo Consultivo durante dos años y medio me hace recuperar que la participación ciudadana necesita ser incentivada en personas de todos los sectores y que necesitamos actualizarnos en TIC´s y derechos humanos de manera mínima para participar en estos espacios donde la comunicación y la ética son el cimiento fundamental del derecho al acceso a la información pública, a la protección de datos personales, a los avances de la ciencia y a la libertad de expresión.

La impunidad exacerba la desigualdad y el impacto diferenciado de la corrupción tal vez no se ha logrado medir satisfactoriamente pero sí sabemos que las personas más discriminadas viven con más sufrimiento los impactos de la violencia social y las violaciones a los derechos humanos es por eso que la transparencia y la participación ciudadana son pieza clave del proceso comunitario que se requiere para que sean los propios comités vecinales y organizaciones de base quienes estén usando la información para resolver problemáticas sociales.

Es indudable que para defender nuestra libertad habremos de tomar la transparencia y la rendición de cuentas como herramienta para frenar el abuso de poder y para detener las consecuencias de la corrupción y la violación sistemática a los derechos humanos, por eso necesitamos más personas involucradas en los comités, consejos y espacios de participación ciudadana y social en Baja California.

Como parte del trabajo que realizo en la organización donde colaboro se ha realizado un seguimiento a políticas públicas generando cuadros que representan de manera visual el avance en su cumplimiento y los espacios de mejora que se pueden detectar. Abrimos estos conocimientos a la sociedad y a otras organizaciones mediante un Seminario que organizamos con en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte que empezó en febrero de 2019 y finaliza en diciembre del mismo año.

El Objetivo de abrir la convocatoria al seminario es invitar a participar incorporando una o más preguntas y hasta un eje de trabajo en el Seminario de Reflexión: Baja California a la luz de la CEDAW y Belém do Pará[12], la intención es generar un intercambio de ida y vuelta entre la transversalidad de la Perspectiva de Género y las políticas públicas anticorrupción en la administración pública estatal en Baja California.

Un registro de personas responsables de la gestión documental y administración de archivo por cada institución, sistemas institucionales de archivo y preservación documental digital son actividades donde los saberes de la población bajacaliforniana pueden aplicarse de manera participativa y ciudadana. Es la oportunidad de involucrar a nuevos actores sociales en la vida pública.

La visión de ciudadanía en el análisis del desempeño gubernamental es un tema urgente en México y en el Estado, las políticas de democracia incluyente y gobierno abierto vienen a refrescar el ambiente denso e innavegable que han dejado las dictaduras y las malas costumbres como el secretismo y la ambigüedad. Las libertades modernas son las que nos llevarán a ampliar derechos para más personas y es por eso por lo que dedicamos nuestro trabajo a la vigencia de los derechos humanos de los grupos vulnerables para lograr las 4R´s de la teoría de la justicia que hemos planteado en el grupo de defensoras y activistas con las que colaboro, que son: representación, redistribución, reconocimiento y reparación del daño.

 


[1] http://www.itaipbc.org.mx/files/convocatorias/CONVOCATORIA%20consejeros.pdf

[2] http://www.congresobc.gob.mx/Gaceta/Gaceta-S900.pdf

[3] http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/Acta/a080916r1.pdf

[4] http://www.itaipbc.org.mx//files/PROYECTO%20DEFINITIVO.pdf

[5] http://www.itaipbc.org.mx//files/CONVOCATORIA%201ER%20EXTRAORDINARIA.pdf

[6]http://www.itaipbc.org.mx//files/CONVOCATORIA%203ra%20SESION%20DEL%20CC%20DEL%20%20ITAIP.pdf

[7]http://www.itaipbc.org.mx/files/convocatorias/consejo/CONVOCATORIA%20PARA%20LA%20SEGUNDA%20SESION%20DEL%20CC%20DEL%20%20ITAIP.pdf

[8] https://www.youtube.com/watch?v=4gT33cWSb_s

[9]https://www.youtube.com/watch?v=uK184nAmK38&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2nnbzjuzezCxRMy0ZaaALj2pn10iBLoDUsgriNdEYoJ0Taret2tRAV2jY

[10] http://congreso.rendiciondecuentas.org.mx/taller-4/

[11] https://www.facebook.com/rediberoamericanadh/videos/911317802589189/

[12] https://alertadegenerobc.org/2019/02/28/seminario-bc-a-la-luz-de-la-cedaw-y-belem-do-para/