06 DE ENERO DE 2019

Política D: Derechos Humanos

MERITXELL CALDERÓN VARGAS

Hoy está el Presidente de la República en Tijuana. El día de ayer en Juárez en el Inicio del Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte, en los anteriores programas federales de Desarrollo Regional o de las Franjas Fronterizas se asume el “dinamismo económico” de Baja California como un motor para el desarrollo nacional.

El Programa Regional para el Desarrollo del Norte del anterior Presidente que venció en 2018 contenía según el texto, una perspectiva regional. Se incluían programas con temas “sociales” como: alimentación, salud, educación y vivienda, pero no vimos mención específica de las medidas gubernamentales para el desarrollo regional para generar mejores condiciones de vida pensando en las mujeres y las niñas. Revisando el programa, no encontramos cómo le iban a hacer para generar los servicios públicos que necesitamos para mantener los liderazgos de las mujeres, para crecer económicamente desde las necesidades de las mujeres, qué metas se van a trabajar para apoyar a las estudiantes y a las universitarias o motivar a que las niñas participen en el medio científico. No hay desarrollo si no se realizan acciones afirmativas para las mujeres, ya lo dice la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y un montón de gente, libros, tutoriales y más fuentes que revisan la materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas en el mundo y su condición. Dirán algunos opositores de los derechos: “eso corresponde a otros programas”, pues no, si es parte del desarrollo también de este programa se tiene que ver reflejado el gasto público.

Habremos de preguntarnos cuántas acciones de gobierno desde la administración pública federal a favor de las mujeres bajacalifornianas mencionará el actual presidente en su discurso acá en Tijuana. Cabe preguntarnos si mencionará a las mujeres con adicciones y/o problemas de Salud Mental o solo alcanzaron a revisar propuestas de manera muy superflua en temas de atención a las mujeres y niñas migrantes. Me gustaría saber claramente qué políticas públicas buscará que lleguen a la realidad social de las mujeres y las niñas que vivimos en el Estado y qué tareas le delegará al Instituto Nacional de las Mujeres además de las ya contenidas en la ley nacional que lo regula y qué pasará en cuanto al cumplimiento de la Administración Pública Federal respecto a demás normas alusivas a la defensa de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley para prevenir la discriminación, entre otras.

Del decir al hacer hay una gran brecha y a las mujeres ya nos han prometido ante los ojos internacionales muchas acciones gubernamentales como: poner un alto a la violencia contra las mujeres, eliminar la discriminación contra nosotras de los textos legales, buscar que los programas sociales nos favorezcan de manera significativa, fortalecer no sólo ética, sino económicamente a las mujeres líderes, modificar patrones sexistas y estereotipos de género en la cultura y muchas otras acciones que implican que los gobiernos, las empresas, las organizaciones y la sociedad en general modifique cualquier acto que nos ponga en desventaja respecto de los hombres.

No podemos confiarnos, el cambio no viene solo, la transformación no se dará si seguimos “solicitando” nuestros derechos humanos, las acciones de gobierno no son actos de buena voluntad de los gobernantes, esos derechos que se garantizan mediante las instituciones pueden retroceder como ha sucedido en Estados Unidos y América Latina.

Si se quiere que la democracia sobreviva hace falta que los grupos vulnerados trabajemos en propuestas comunes, generar plataformas de acción política y estar más presentes en los lugares donde se toman las decisiones y acuerdos públicos que nos afectan directamente.

La población LGTB, las mujeres de pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres migrantes y otros sectores de la población, como los grupos de mujeres en los sindicatos, en los partidos, en la Mesa Directiva de la Junta de Vecinos podemos buscar ser reconocidas como parte de la vida electoral de Baja California y lograr la vigencia de nuestros derechos como lo están haciendo ahora en Estados Unidos las mujeres feministas, indígenas, negras, LBTQI – lesbianas, bisexuales, Tttrans, Queers e intersexuales-, las indígenas nativas, las jóvenes, socialistas, llegaron a las curules del Congreso del vecino país del norte y empezaron presentando una acción afirmativa a favor de la protección de los Derechos de la Población LGTBQ por la Senadora Nancy Pelosi.

El cambio no va a andar solo. Hay otros tipos de organización social que no necesariamente son un “gobierno” y nos invitan a pensar tras, ante, frente, con/sin, entre, para y a pesar de las Instituciones.

Las diputaciones, alcaldías y gubernaturas son para que todas las personas que vivimos en un espacio determinado llamado, ya sea: Distrito, Municipio o Estado podamos organizarnos de manera justa y equilibrada. El derecho humano a hacer prohibitiva la discriminación se  encuentra justificado en la Historia, en el Derecho y en el sentido común, la mayoría de las personas saben que las personas de los grupos discriminados y vulnerados podemos y debemos ocupar espacios y vigilar la distribución de los recursos públicos desde y fuera del gobierno.

Si un gobierno no está ahí para la garantía y cumplimiento de los Derechos Humanos es un gobierno ilegítimo que no tendría porqué continuar. Las elecciones en Baja California del periodo electoral 2018-2019 serán precisamente para definir quiénes ocuparán las alcaldías, quiénes las curules locales y quién será la o el gobernador del Estado cada sector social tiene preparada y ya negociada la agenda que se irá a implementar en “su tema”. Como mujer bajacaliforniana reviso los programas, presupuestos y reflexiono cuánto de esas grandes cantidades van a llegar distribuidas justamente a las mujeres para que podamos llegar a vivir la igualdad, cómo vamos a enterarnos que hay leyes que protegen nuestros derechos y que podemos exigir lo que nos toca.

En nuestro estado, además del proceso electoral, se tiene que publicar en estos días la convocatoria para la selección de la próxima persona que ocupara la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California que vence el 31 de mayo de 2019 y se emitirá también la   Convocatoria para integrar el Comité Ciudadano conformado por 7 personas que enviarán una opinión al Congreso local para que nombre al nuevo Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California serán 6 personas Comisionadas, el cargo dura 5 años, acá también se debe obedecer a las normas de paridad entre mujeres y hombres. Estaremos pendientes de los detalles para compartirles las observaciones que al caso se den.

Calafia
@Chanclizquierda

Originalmente publicado en:
http://jornadabc.mx/opinion/06-01-2019/politica-d-derechos-humanos-observando-las-promesas